Las medidas pretenden eliminar obstáculos que impiden o retrasan la llegadas de redes de alta velocidad a los municipios y que son imprescindible para el fomento del teletrabajo.
Si su actividad está relacionada con la ingeniería, despliegue, mantenimiento o explotación de infraestructuras o redes de telecomunicaciones, esta información de su interés.
El pasado lunes 11 de mayo, la Junta de Andalucía publicó en el BOJA el Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
Este Decreto ley contiene una modificación importante de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuyo desarrollo normativo limitaban no permitieron llegar a integrar en el planeamiento general los usos admitidos en el suelo no urbanizable, lo que ha devenido, entre otras consecuencias, en un obstáculo para la ejecución de infraestructuras relacionadas con muchos de los usos que han ido cobrando importancia en los últimos años –como el de las telecomunicaciones– y que no están contemplados ni en los planes generales, ni en las normas provinciales, ni en los planes especiales del medio físico que se redactaron. Esta situación afecta a más de 600 municipios en Andalucía.
Pero si además tenemos en cuenta el actual contexto que vivimos, que una de las prioridades que se han implantado y se está potenciando es la del teletrabajo, además de la necesidad de favorecer los despliegues de redes de banda ancha de nueva generación con una muy alta capacidad de transmisión, parece lógico remover los obstáculos que están impidiendo el desarrollo y ejecución de las infraestructuras e instalaciones de telecomunicaciones, y de otra, asegurar el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación mediante un procedimiento más sencillo y ágil que el contemplado en la normativa vigente.
En ese sentido
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